LA IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA Y LIBERTAD SINDICAL

Finalmente, la Justicia declaró la nulidad del despido de Carina Guzzi, trabajadora del Banco de Córdoba e integrante de la Comisión Ejecutiva de nuestro sindicato, ordenando su reincorporación definitiva y el pago de los salarios caídos.

Lo que podría ser un caso típico de conflicto por un despido, en realidad desenmascaró un claro ejemplo del entramado de complicidades necesarias para asegurar la precarización y el disciplinamiento laboral, en pos de que los bancos puedan mantener sus niveles de ganancias. En este sentido, es fundamental recordar que Guzzi fue despedida debido a sus reiteradas denuncias por maltrato y acoso laboral, sumado al hostigamiento que sufría por parte de miembros de la Asociación Bancaria, con complicidad de las autoridades del Banco. Además de arbitrario y disciplinador, su despido fue ilegal ya que contaba con fueros gremiales. 

Dicen que Dios está en todos lados pero atiende en Capital Federal. En el rubro bancario pareciera que las cosas funcionan con la misma lógica, ya que los trabajadores y trabajadoras de las provincias generalmente se encuentran desamparados ante la creciente pauperización de las condiciones de trabajo, los maltratos por parte de las gerencias y los despidos injustificados o retiros “voluntarios” a los cuales son obligados. 

Aunque quieran hacernos creer que así son las condiciones actuales del mercado laboral, lo cierto es que muchos de estos padecimientos que sufrimos podrían evitarse si los cuerpos de delegados realmente actuaran en defensa de nuestros derechos laborales en general y del convenio de nuestro sector, en particular. Sin embargo, mientras en la Capital Federal se despliegan campañas de afiches y se movilizan grandes columnas en marchas para presentarse como “combativos”, en el resto del país es común ver alianzas entre los bancos y los delegados del sindicato mayoritario, los cuales no sólo buscan impedir el surgimiento de expresiones sindicales alternativas -como SITEBA- sino que cumplen el rol de fuerza de choque contra trabajadores que el banco considera díscolos.

Entonces ¿cómo defiende sus derechos un trabajador, cuando justamente son vulnerados por la complicidad entre su patrón y el sindicato que debería protegerlo? En este modelo sindical argentino que niega la pluralidad y favorece las conducciones burocráticas ¿qué marco de acción le queda al laburante cuando se encuentra totalmente indefenso? ¿Qué hubiese ocurrido si no existiese nuestro sindicato alternativo? La lógica dice que Guzzi debería haber seguido el mismo cauce de muchos otros miles que sufren hostigamiento diario o que son despedidos injustamente, pero algo alteró esta ecuación y su nombre es SITEBA. 

Aún sin tener la personería gremial, nuestro sindicato asumió plenamente la defensa de Guzzi, tanto en su faceta legal como en el plano político. Más allá de que integrase nuestra Comisión Ejecutiva y eso le asegurase legalmente fueros gremiales reconocidos en pactos internacionales, la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Sindicales, lo cierto es que las leyes son letra muerta sin la acción política que las ponga en práctica. Allí, en el plano de la legitimidad de las luchas, es donde SITEBA viene actuando desde su conformación y donde se encuentra el futuro de crecimiento para esta herramienta gremial para las y los trabajadores bancarios.

En tiempos donde los derechos laborales son pisoteados por propios y ajenos, reafirmamos nuestra voluntad de organización y resistencia porque no estamos dispuestos a entregar lo que conquistamos con tantos años de lucha. En todo el país, SITEBA es el nuevo sindicato bancario que se planta contra los atropellos, levantando bien alto -al igual que la CTA Autónoma de la que formamos parte- las banderas de la Libertad y la Democracia Sindical.

BANCO NACIÓN NO SE VENDE NI SE ACHICA

En estos tiempos tan difíciles para la clase trabajadora, en que gran parte del Poder Legislativo ha renunciado a todo principio ético aceptable, diputados y senadores pronuncian altisonantes discursos y declaraciones en favor de la clase trabajadora al tiempo que acuerdan, negocian y hasta venden sus votos, permitiendo que el Gobierno nacional -encabezado por un psicópata- pueda destruir el aparato productivo del país, despedir trabajadorxs, hambrear jubiladxs, niños y a los sectores más vulnerables en general, en favor de una elite cada vez más concentrada, poderosa y enriquecida. 

Gobierno y diputados oficialistas y acuerdistas realizan un show interminable de supuestas peleas y acuerdos sin que encuentren una respuesta acorde en defensa de las mayorías populares. Así han pasado casos como el Mega DNU 70/23, el veto al aumento para las jubilaciones, la reforma laboral, el financiamiento al sistema universitario, entre otros. En este contexto, no cesa la rapiña por las empresas estatales que el Gobierno pretende privatizar, hoy desfinanciadas y vaciadas, para ser entregadas a precio vil al sector privado.

Nuestro sector, la banca pública, viene sufriendo un achique silencioso pero sin pausa, acelerado en los últimos tiempos por la soberbia e impunidad de Milei. Tal es el caso de nuestro Banco de la Nación Argentina, en el que el Directorio puesto por el Gobierno está destruyendo el Banco desde adentro, utilizando la mentira como justificación, con el único objetivo de achicarlo y privatizarlo.

Excusándose en la creación por parte del Gobierno provincial de La Pampa de un impuesto temporario que aumenta las alícuotas de ingresos brutos para el sector financiero y el juego, el Directorio ha decidido el cierre de una Zonal y 9 sucursales, con las terribles consecuencias que ello implica para sus trabajadorxs, y el público en general. Más allá del litigio que se abre por la medida de la provincia, lo cierto es que el Banco dispone de todas las condiciones económicas para afrontar el costo, sin tener que trasladarlo a los usuarios y dejando en evidencia que esto no es más que una burda excusa para profundizar su plan de vaciamiento y privatización.

Desde que asumió Milei, el Banco de la Nación Argentina ha perdido un número importante de trabajadorxs, no se cubren las dotaciones, no se actualizan los sistemas, se deteriora su estructura y se promueve -vía acción u omisión- un goteo de negocios hacia el sector privado. Si dejamos que avancen de esta manera, como en el caso de La Pampa, extenderán esta medida a otras provincias y probablemente a otros bancos. 

Por lo expuesto, desde SITEBA invitamos al sindicato mayoritario -La Bancaria- a realizar en unidad de acción, asambleas, movilizaciones y un Paro General de todos los bancarixs del país, para ponerle un freno a estas políticas de achique y entrega de la soberanía financiera.

QUE EL COSTO POLÍTICO SEA ALTO

Desde SITEBA repudiamos el veto de Milei a la reforma previsional aprobada, como también la compra-venta de votos de diputados traidores que buscan mantener sus privilegios. Sin embargo, entendemos que la etapa histórica exige tomar acciones en consecuencia y por eso debemos profundizar el camino de la lucha de los jubilados y jubiladas, acompañando sus acciones y avanzando en el escrache a quienes no sólo traicionan el mandato popular sino que condenan a la miseria y muerte a millones de trabajadores y trabajadoras. 

El veto de Milei a la reforma de la movilidad jubilatoria es un nuevo capítulo en el brutal y constante maltrato que sufren los jubilados y jubiladas de nuestro país. Con diversos argumentos, las distintas gestiones políticas de los últimos años se han encargado de consolidar en la pobreza a millones de personas mayores.

Si bien es cierto que muchos trabajadores y trabajadoras han podido acceder a una jubilación gracias a las moratorias impulsadas por el Kirchnerismo, lo cierto es que sus ingresos nunca lograron cubrir las necesidades básicas de la población mayor. La llegada de gobiernos conservadores de derecha sólo agravaron esta situación, hundiéndolos aún más en la pobreza. 

Durante el gobierno de Macri, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 18%. Luego, durante la suspensión de la movilidad en 2020, hubo una pérdida del 9% para las jubilaciones mayores a la mínima, pero la verdadera debacle comienza en 2022 cuando el Congreso ratificó el acuerdo para pagar la ilegal y fraudulenta deuda contraída por el gobierno anterior con el FMI. A partir de allí y hasta el final del gobierno de Alberto Fernández, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 37%. El actual gobierno de Milei profundizó brutalmente esta tendencia en el 1er trimestre de gestión y hoy, en pocos meses, sufren una nueva rebaja de haberes de casi el 30%.

Así, más del 60% de los jubilados cobrando una jubilación mínima de $234.000 mientras la canasta de consumos básicos superaba ya en marzo los $700.000, es el contexto en que se planteó el burdo debate por un incremento de $15.000 que permitiese cubrir algo de los ingresos perdidos por la nueva fórmula de movilidad establecida a principios de año.

Según el propio Milei, entregar $15.000 por jubilado ponía en jaque el equilibrio fiscal. No lo jaqueaban los miles de millones que se llevan los empresarios amigos como Galperín o el pago de la deuda al FMI, sino los ingresos miserables que debería recibir uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que, además, tiene como principal destino el consumo interno y por consiguiente, moviliza la producción y el comercio nacional.

Es importante destacar que esta decisión no es casual o de coyuntura política, sino que responde a uno de los pilares ideológicos fundamentales que sostiene la verdadera casta de ricos y patrones que está en el poder. Para este sector, los jubilados son solamente un gasto y como tal, deben ser “recortados”. Para el capital, lo que no produce no sirve y es por eso que pretenden elevar la edad jubilatoria. A su vez, quienes no tuvieron la posibilidad de aportar a lo largo de su actividad laboral, tampoco merecerían percibir una jubilación. Así, invierten la carga culpabilizando a los trabajadores y trabajadoras, cuando la responsabilidad de realizar los aportes jubilatorios corresponde a los patrones, quienes en realidad prefirieron mantenerlos en la informalidad laboral y apropiarse de sus aportes.

La casta de los diputados macristas y radicales comió asado con Milei para celebrar el ajuste, mientras los jubilados caceroleaban por no tener para comer. ¿Cuál es el costo político de estos sucesos? Claramente, la sociedad entendió que los jubilados y jubiladas están siendo carne de cañón de este ajuste. La escena se vuelve dantesca, mientras la dirigencia política espera con excesiva paciencia a que el Gobierno nacional “choque la calesita” como si no fuésemos millones de trabajadoras y trabajadores quienes estamos arriba de ella. 

NO A LA LEY BASES

Los trabajadores y trabajadoras bancarias que nos organizamos en SITEBA saldremos a la calle, junto a la CTA Autónoma, para que los senadores y senadoras entiendan que nuestro pueblo no está dispuesto a permitirles que rematen nuestro país.

A pesar de su discurso anti-casta, Milei está recurriendo a los senadores más casta de todos para conseguir los votos que le permitan sacar esta ley hecha a la medida de las necesidades de las grandes corporaciones. Siguiendo el camino de Menem en los noventa, pretende reflotar el proyecto político-económico de la última dictadura. Más ajuste, pobreza, desocupación y represión, menos soberanía, democracia y futuro para nosotros y nuestros hijos.

La Ley Bases viene a arrasar nuestros derechos laborales y destruir definitivamente lo que queda de la industria nacional, en favor de las grandes empresas transnacionales que saquean nuestro suelo y se llevan todo al exterior. Por todo esto, nos encontraremos frente al Congreso de la Nación porque ¡la Patria no se vende, se defiende!

EN DEFENSA DEL BANCO NACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

En el día de hoy estaremos presentando ante el Congreso de la Nación las firmas recolectadas en el marco de la campaña que trabajadores y trabajadoras del Banco Nación lanzaron para impedir su privatización.

El gobierno de Milei dejó en claro a través del inconstitucional DNU 70/23 y luego con la fallida Ley Ómnibus y el actual proyecto de Ley Bases, que pretende privatizar una larga lista de empresas públicas, entre las que se encuentra el Banco Nación de la República Argentina. Ante esto, sus trabajadores decidieron impulsar una campaña para juntar un millón de firmas de la ciudadanía en defensa de la institución y para acompañar un proyecto de ley que buscará establecer que el Banco no pueda ser privatizado ni convertido en Sociedad Anónima.

En este contexto y junto a organizaciones sindicales y sociales hermanas, desde SITEBA hemos sido parte de la campaña de visibilización de esta problemática poniendo mesas de recolección de firmas en distintos puntos de nuestro país, como Neuquén, Tucumán, Córdoba, Jujuy y la Capital Federal. Allí, además de juntar firmas, se buscó informar a las personas sobre la importancia de defender la banca pública, derogar la Ley de Entidades Financieras heredada de la última dictadura cívico-militar y ponerle un freno a la ofensiva de Milei y sus empresarios amigos, que pretenden quedarse con el patrimonio público.

La entrega del millón de firmas es un paso más en este camino de resistencia que nuestro pueblo está transitando cada vez con más fuerza, contra el ajuste y la imposición de un proyecto de país elitista, empobrecedor, negacionista y regido por los intereses de los capitales extranjeros. La lucha sigue y el próximo martes 30 de abril estaremos nuevamente frente al Congreso junto al Frente de Gremios y Empresas Estatales para continuar visibilizando la importancia de un Estado activo, soberano y eficaz.