Desde SITEBA repudiamos enérgicamente los hechos de singular gravedad que vive por estas horas la República Argentina, donde la vicepresidenta Cristina Fernandez ha sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos en un (PRO)ceso plagado de irregularidades y orquestado por la corporación judicial y mediática que responde a los sectores más reaccionarios y concentrados de nuestro país. La proscripción como método destruye el consenso social en torno a las reglas democráticas como el único camino para el acceso al Estado.
La filtración de las comunicaciones entre jueces federales, políticos del PRO y representantes del Grupo Clarín luego de la visita secreta de estos a la estancia que el magnate inglés Joe Lewis tiene en nuestra Patagonia -apropiándose ilegalmente del Lago Escondido- demuestra que, más allá de sus discursos sobre el valor de la instituciones y la república, la derecha en nuestro país no duda un segundo en cargarse toda la legalidad vigente con tal de mantener sus privilegios de clase y alcanzar el control del Estado en 2023 para seguir descargando políticas en contra de la clase trabajadora.
Estamos viviendo un momento político histórico, en el que se requiere de audacia, coraje y firmeza para tomar medidas de fondo ante los dueños del poder real de Argentina y sus lacayos dentro del poder judicial, mediático y los partidos políticos. Es imprescindible avanzar en una Reforma Judicial donde la elección de los jueces sea por mandato popular, donde se respete la independencia de poderes y la justicia sea un derecho real para nuestro pueblo y no un privilegio de los amigos del poder.
También es el momento de impulsar una Reforma Impositiva que ataque la estructura vigente, que favorece la concentración de la riqueza y la fuga de capitales, mientras los trabajadores y trabajadoras son castigados en sus salarios con una alícuota de 35% de Impuestos a las Ganancias. El salario no es ganancia y son las empresas quienes deben tributar en mayor medida, para hacer real la distribución de la riqueza en pos de la igualdad social y el bienestar general de la sociedad.
A la vista del constante silencio del poder mediático a estas cuestiones, urge reflotar el espíritu de la Ley de Medios Audiovisuales para dar pelea a lo que ya debemos decir por su nombre: las grandes empresas de comunicación, que hoy constituyen el principal sostén y fuerza de choque del poder económico. La democratización de los medios de comunicación y el derecho al acceso a información verdadera y de calidad deben ser pilares para la reconstrucción de nuestro país, en un proyecto que rompa con las cadenas que nos condenan a la pobreza y la precarización laboral, mientras las grandes empresas saquean nuestras riquezas y destruyen nuestro ambiente.
