ajuste

GERARDO MARTÍNEZ NO NOS REPRESENTA

Desde SITEBA repudiamos la nueva reunión de trabajo del “Consejo de Mayo”, espacio surgido luego del Pacto de Mayo que 19 gobernadores firmaran el 9 de julio de 2024 y en el cual definieron una serie de iniciativas generales en respaldo a las transformaciones estructurales que Milei está imponiendo en materia económica y política.

Compuesto por representantes legislativos, gobernadores, empresarios (UIA) y sindicatos (CGT), con el fin de elaborar proyectos de ley que saldrán a la luz recién a mediados de diciembre, todos sus integrantes responden al oficialismo nacional y el hermetismo sobre lo que pasa puertas adentro deja en claro que sus decisiones poco o nada beneficiarán al pueblo trabajador que viene sufriendo un brutal ajuste por parte del gobierno de Milei y Macri.

Como ejemplo de esta práctica, la reunión convocada para este 21 de julio contó con la presencia del Secretario de Trabajo nacional, del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Gerardo Martínez, en representación de la UOCRA y la CGT, para discutir un tema central para la gestión de Milei: una nueva reforma laboral que permita eliminar derechos para abaratar costos y maximizar ganancias a las patronales, en línea con el Capítulo Laboral del DNU 70/23 que la Justicia frenó por su carácter inconstitucional.

No sorprende que el representante de la CGT sea Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA y “agente leal y útil” del Batallón de Inteligencia 601, que entregaba trabajadores de la construcción durante la última dictadura cívico-militar. Al igual que durante el menemismo, la CGT se muestra más preocupada por sentarse a la mesa del patrón que por salir a la calle para defender a los laburantes.

La clase trabajadora nunca será representada por quienes dejan pasar miles de despidos mientras crece la precarización laboral y nuestros jubilados son arrastrados a un genocidio de hambre. Nuevamente, se cumple lo que siempre hemos denunciado: la libertad de los patrones para explotarnos cada vez más, requiere obligatoriamente que no haya libertad sindical. Así, la clase trabajadora es rehén de esa burocracia sindical que se convirtió en sindicalista-empresario.

A las puertas de un nuevo ataque a los derechos que tanto nos costó conseguir, reafirmamos nuestra lucha por la democracia y la libertad sindical en el marco de construir un sindicalismo de nuevo tipo, donde todos los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse libremente en defensa de sus derechos y para alcanzar nuevas conquistas.

QUE EL COSTO POLÍTICO SEA ALTO

Desde SITEBA repudiamos el veto de Milei a la reforma previsional aprobada, como también la compra-venta de votos de diputados traidores que buscan mantener sus privilegios. Sin embargo, entendemos que la etapa histórica exige tomar acciones en consecuencia y por eso debemos profundizar el camino de la lucha de los jubilados y jubiladas, acompañando sus acciones y avanzando en el escrache a quienes no sólo traicionan el mandato popular sino que condenan a la miseria y muerte a millones de trabajadores y trabajadoras.

El veto de Milei a la reforma de la movilidad jubilatoria es un nuevo capítulo en el brutal y constante maltrato que sufren los jubilados y jubiladas de nuestro país. Con diversos argumentos, las distintas gestiones políticas de los últimos años se han encargado de consolidar en la pobreza a millones de personas mayores.

Si bien es cierto que muchos trabajadores y trabajadoras han podido acceder a una jubilación gracias a las moratorias impulsadas por el Kirchnerismo, lo cierto es que sus ingresos nunca lograron cubrir las necesidades básicas de la población mayor. La llegada de gobiernos conservadores de derecha sólo agravaron esta situación, hundiéndolos aún más en la pobreza.

Durante el gobierno de Macri, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 18%. Luego, durante la suspensión de la movilidad en 2020, hubo una pérdida del 9% para las jubilaciones mayores a la mínima, pero la verdadera debacle comienza en 2022 cuando el Congreso ratificó el acuerdo para pagar la ilegal y fraudulenta deuda contraída por el gobierno anterior con el FMI. A partir de allí y hasta el final del gobierno de Alberto Fernández, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 37%. El actual gobierno de Milei profundizó brutalmente esta tendencia en el 1er trimestre de gestión y hoy, en pocos meses, sufren una nueva rebaja de haberes de casi el 30%.

Así, más del 60% de los jubilados cobrando una jubilación mínima de $234.000 mientras la canasta de consumos básicos superaba ya en marzo los $700.000, es el contexto en que se planteó el burdo debate por un incremento de $15.000 que permitiese cubrir algo de los ingresos perdidos por la nueva fórmula de movilidad establecida a principios de año.

Según el propio Milei, entregar $15.000 por jubilado ponía en jaque el equilibrio fiscal. No lo jaqueaban los miles de millones que se llevan los empresarios amigos como Galperín o el pago de la deuda al FMI, sino los ingresos miserables que debería recibir uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que, además, tiene como principal destino el consumo interno y por consiguiente, moviliza la producción y el comercio nacional.

Es importante destacar que esta decisión no es casual o de coyuntura política, sino que responde a uno de los pilares ideológicos fundamentales que sostiene la verdadera casta de ricos y patrones que está en el poder. Para este sector, los jubilados son solamente un gasto y como tal, deben ser “recortados”. Para el capital, lo que no produce no sirve y es por eso que pretenden elevar la edad jubilatoria. A su vez, quienes no tuvieron la posibilidad de aportar a lo largo de su actividad laboral, tampoco merecerían percibir una jubilación. Así, invierten la carga culpabilizando a los trabajadores y trabajadoras, cuando la responsabilidad de realizar los aportes jubilatorios corresponde a los patrones, quienes en realidad prefirieron mantenerlos en la informalidad laboral y apropiarse de sus aportes.

La casta de los diputados macristas y radicales comió asado con Milei para celebrar el ajuste, mientras los jubilados caceroleaban por no tener para comer. ¿Cuál es el costo político de estos sucesos? Claramente, la sociedad entendió que los jubilados y jubiladas están siendo carne de cañón de este ajuste. La escena se vuelve dantesca, mientras la dirigencia política espera con excesiva paciencia a que el Gobierno nacional “choque la calesita” como si no fuésemos millones de trabajadoras y trabajadores quienes estamos arriba de ella.

TODOS SOMOS TÉLAM

Desde nuestro Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras -SITEBA- rechazamos rotundamente el cierre de la Agencia Télam que impulsa el gobierno de Milei y Macri, y queremos acercar nuestra máxima solidaridad con los compañeros y compañeras que allí se desempeñan.

Más allá de la defensa irrestricta de los cientos de puestos laborales en un contexto de crisis socioeconómica sin precedentes, la defensa de Télam implica garantizar el derecho de nuestra sociedad al acceso a la información y el derecho fundamental de expresión.

Tras los falsos argumentos de costos y pérdidas que despliega Milei y su gobierno de empresarios, lo que se despliega es una nueva política para profundizar la concentración de los medios de comunicación en los mismos oligopolios de siempre. En la batalla cultural que llevan adelante, pretenden limitar al máximo los canales de información y comunicación públicos para modelar -aún más- con sus empresas el sentido común de las mayorías populares y hacer pasar sus intereses como si fueran los nuestros.

Así como cuando se rompe un caño, no vendemos nuestra casa sino que lo arreglamos, en las empresas públicas debe imperar la misma lógica: mejorarlas corrigiendo sus errores para volverlas más eficientes y eficaces. ¡Fortalecer el Estado para liberar la nación!

Comisión Ejecutiva de SITEBA.

26/02: JORNADA NACIONAL DE LUCHA EN DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha del Sector Público convocada para este lunes 26 de febrero, desde SITEBA invitamos a los trabajadores y trabajadoras bancarias a participar en las Asambleas abiertas que realizaremos en bancos de todo el país.

Ante la violenta ofensiva privatizadora del gobierno de Milei y los grandes grupos económicos, en enero de este año conformamos junto a trabajadores judiciales, estatales, de la salud, docentes, portuarios, de la energía, entre otros, el Frente de Gremios Estatales que tiene como objetivo defender el salario y el empleo de sus trabajadores, así como al Sector Público en general, como garante de derechos de nuestro pueblo.

Las principales demandas pasan por el reclamo de aumentos salariales, de jubilaciones y de los programas sociales por encima de la inflación, la reincorporación de todos los despedidos, el pase a planta permanente de los precarizados, por la derogación del Mega DNU N° 70 y en rechazo a cualquier intento de privatización de empresas públicas y/o cierres de sectores estratégicos del Estado.

En este contexto, como trabajadores bancarios somos uno de los sectores bajo la mira del presidente libertario, quien pretende privatizar el Banco Nación y convertirlo en una SA. Como venimos denunciando, esto implicaría una gigantesca pérdida de recursos para el Estado, el fin de una política de financiamiento para las economías regionales y la entrega total al capital financiero de un banco con más de 700 sucursales en todo el país.

La Jornada Nacional de Lucha del próximo lunes se enmarca en las acciones iniciadas con el paro nacional del 24 de enero pasado y buscará enviar un fuerte mensaje al gobierno para frenar el avasallamiento autoritario del Poder Ejecutivo.

EL BANCO NACIÓN NO SE VENDE ¡SE DEFIENDE!

Ante la insistencia del Gobierno de Milei y Macri en privatizar el Banco Nación convirtiéndolo en una Sociedad Anónima, amparándose en el nefasto DNU 70/2023, desde SITEBA sostenemos la defensa irrestricta del carácter público de esta histórica institución.

Recordemos que el Banco Nación es un ente autárquico que genera ganancias y aporta todos los años una parte de sus utilidades al Tesoro Nacional. A su vez, despliega políticas de financiamiento para emprendedores y pymes, al tiempo que tiene más de 700 sucursales a lo largo y ancho de todo el país, lo que le otorga un rol fundamental de cara a las economías regionales. Privatizar el BNA implica la pérdida de recursos para el Estado así como también un nuevo zarpazo por parte de las garras del capital financiero, que sólo prioriza sus ganancias y nada le importa el desarrollo productivo de nuestro país.

Desde que el Gobierno Nacional lanzó el mega DNU y luego la caída “Ley Omnibus”, los trabajadores y trabajadoras del Banco Nación -junto a otros sectores de la sociedad- vienen realizando acciones en todo el país rechazando los intentos de privatizar el banco, reafirmando así la voluntad de lucha de quienes sostienen día a día la banca pública.

En este contexto, hoy estaremos presentes en el acto que se llevará a cabo en las puertas de su Sede Central a las 16 hs, gritando bien fuerte que el Banco Nación no se vende, ¡se defiende!