Luego de la disolución del Banco de Desarrollo de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales para tapar los desfalcos de su cuñado y presidente de dicho Banco, Marcelo Fernández, la situación sigue siendo crítica para el futuro de los trabajadores y trabajadoras de la entidad.
Tras su liquidación y en su reemplazo, el Gobierno provincial creó el Instituto Provincial de Juegos de Azar (Inprojuy) y ofrece a los 130 trabajadores y trabajadoras la posibilidad de continuar en este nuevo ente, pero bajo el Convenio Colectivo Nº 3.161, de los empleados públicos. Esto implica la pérdida de los derechos y beneficios que tenían cuando estaban bajo Convenio Colectivo de la actividad bancaria, siendo su principal efecto una importante reducción salarial del 50% y la pérdida de la cobertura médica que tenían. Aquellos que se resisten a trabajar bajo estas nuevas y desfavorables condiciones, están siendo presionados por las autoridades para aceptar un retiro voluntario que es también una burla: ni siquiera es bajo el Convenio Bancario, sino que implicaría recibir el 60% del sueldo de un empleado público los primeros 3 años y un 50% los años siguientes.
Como si fuera poco, desde la disolución del Banco a fines de agosto se le impide al personal el ingreso a los establecimientos por medio de distintas excusas falsas, todo certificado por escribanía pública. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras continúan luchando por su derechos y hasta hoy siguen asistiendo a la sede del ex Banco, quedándose en la vereda, a la intemperie, cumpliendo el horario laboral. Cabe mencionar que las condiciones climáticas de la capital jujeña son hostiles y hay empleados con enfermedades derivadas de esta situación, por el estrés acumulado fruto de la incertidumbre sobre su futuro laboral.
La trabajadora del ex Banco de Desarrollo, Fabiana Gaitán, comentó: “seguimos en protesta, estamos en nuestro lugar de trabajo cumpliendo el horario porque no nos dejan ingresar, estamos en la calle y así vamos a continuar hasta que se resuelva la situación. No estamos dispuestos a perder el Convenio bancario porque es un derecho adquirido. Es más, cuando se inauguró el Banco de Desarrollo, el mismo gobernador firmó y dijo que pasábamos con todos los derechos adquiridos, antigüedad y todo lo demás, entonces él mismo se está contradiciendo de lo que firmó”.
¿Quiénes ganan en todo eso?
En principio, el gobernador y su círculo de poder ya que así podrían eliminar los rastros de los manejos espurios que hicieron durante años con esta entidad, a costa de los recursos públicos de la provincia. Justamente, se han realizado denuncias por el supuesto retiro de documentación sensible que comprometería a Marcelo Fernández. También hubo irregularidades en Tesorería y en Sistemas, donde la Comisión Liquidadora ha violentado claves y llaves.
El banco Macro también se beneficiaría ya que celebró con el Gobierno provincial un acuerdo hasta el año 2035, en el cual se lo define como el agente financiero de toda la provincia. En este marco, resulta sospechoso el hecho de que varios diputados oficialistas hayan recibido préstamos justo antes de ser liquidado. Por último, un grupo reducido de empresarios que tienen en sus manos el manejo de las máquinas, el control de las cajas y los tragamonedas en todo Jujuy.
Por todo esto, desde SITEBA Jujuy continuamos exigiendo:
- Que se restablezca la fuente de trabajo del personal, respetando el Convenio Colectivo bancario con todos sus derechos adquiridos.
- Reactivación y normalización inmediata de todas las actividades del Banco.
- La designación de un directorio idóneo que cumpla con las normativas del BCRA.