Los trabajadores y trabajadoras bancaries organizades en el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA – CTA Autónoma) rechazamos el proceso de vaciamiento y liquidación del Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. orquestado por el gobernador Gerardo Morales, su cuñado y presidente de dicho Banco, Marcelo Fernández, que está poniendo en riesgo el futuro de 130 familias.
Exigimos la renuncia de Fernández, la conformación de un Directorio idóneo para administrar el Banco, su inscripción como banco oficial de nuestra provincia y el respeto por las fuentes y derechos laborales obtenidos para quienes trabajamos allí.
Creado en 1972 como Banco de Acción Social y renombrado como Banco de Desarrollo en 2016, fue durante décadas un pilar para el financiamiento de obras con impacto social y comunitarias. Sin embargo, desde que Marcelo Fernández asumió como su presidente en 2016, no logró siquiera terminar el trámite para ser reconocido oficialmente por el Banco Central y se llegó a la insólita situación de que un banco diera pérdidas prestándole dinero a otros organismos gubernamentales de la provincia.
El principal objetivo del gobernador Morales es tapar el descontrol que hizo su cuñado en la gestión, como los 144 viajes que hizo al exterior (con todo pagado) para traer inversiones, de las cuales no llegó ninguna. También ocultar el hecho de que todo el Directorio del Banco fue puesto a dedo y no cumplió nunca ninguno de los requisitos legales definidos por el Banco Central para asumir esa conducción.
Morales pretende crear la Agencia de Desarrollo de Jujuy y financiarla con recursos provenientes del juego y el azar, para destinarlos a inversiones productivas. Sin embargo, prorrogó de manera irregular el funcionamiento de los tragamonedas en toda la provincia y le quitó al Banco de Desarrollo la posibilidad real de controlar a las empresas, quienes pagan un canon en base a lo que ellas declaran haber ganado. El fraude al Estado es gigantesco.
Para los trabajadores la situación es crítica. A las graves violaciones de sus derechos laborales que vienen arrastrando desde hace tiempo -recortes salariales y retraso en el pago-, ahora se agregan los aprietes que reciben desde el Ministerio de Trabajo provincial para que firmen el pase a la nueva entidad. Esto implicaría que dejen de ser trabajadores bancarios y pasen a ser empleados públicos, cambiándoles el Convenio Colectivo de Trabajo y generándoles una brutal pérdida de derechos adquiridos como antigüedad y premios, mientras que pasarían a cobrar salarios mucho más bajos.
La corrupción y el desfalco de Morales y su cuñado no sólo perjudicará a las 130 familias bancarias del Banco de Desarrollo, sino que es un ejemplo más de una gestión política que maneja la provincia a su antojo y en favor de los grandes empresarios.