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Desde SITEBA repudiamos el veto de Milei a la reforma previsional aprobada, como también la compra-venta de votos de diputados traidores que buscan mantener sus privilegios. Sin embargo, entendemos que la etapa histórica exige tomar acciones en consecuencia y por eso debemos profundizar el camino de la lucha de los jubilados y jubiladas, acompañando sus acciones y avanzando en el escrache a quienes no sólo traicionan el mandato popular sino que condenan a la miseria y muerte a millones de trabajadores y trabajadoras. 

El veto de Milei a la reforma de la movilidad jubilatoria es un nuevo capítulo en el brutal y constante maltrato que sufren los jubilados y jubiladas de nuestro país. Con diversos argumentos, las distintas gestiones políticas de los últimos años se han encargado de consolidar en la pobreza a millones de personas mayores.

Si bien es cierto que muchos trabajadores y trabajadoras han podido acceder a una jubilación gracias a las moratorias impulsadas por el Kirchnerismo, lo cierto es que sus ingresos nunca lograron cubrir las necesidades básicas de la población mayor. La llegada de gobiernos conservadores de derecha sólo agravaron esta situación, hundiéndolos aún más en la pobreza. 

Durante el gobierno de Macri, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 18%. Luego, durante la suspensión de la movilidad en 2020, hubo una pérdida del 9% para las jubilaciones mayores a la mínima, pero la verdadera debacle comienza en 2022 cuando el Congreso ratificó el acuerdo para pagar la ilegal y fraudulenta deuda contraída por el gobierno anterior con el FMI. A partir de allí y hasta el final del gobierno de Alberto Fernández, la rebaja en los haberes jubilatorios fue del 37%. El actual gobierno de Milei profundizó brutalmente esta tendencia en el 1er trimestre de gestión y hoy, en pocos meses, sufren una nueva rebaja de haberes de casi el 30%.

Así, más del 60% de los jubilados cobrando una jubilación mínima de $234.000 mientras la canasta de consumos básicos superaba ya en marzo los $700.000, es el contexto en que se planteó el burdo debate por un incremento de $15.000 que permitiese cubrir algo de los ingresos perdidos por la nueva fórmula de movilidad establecida a principios de año.

Según el propio Milei, entregar $15.000 por jubilado ponía en jaque el equilibrio fiscal. No lo jaqueaban los miles de millones que se llevan los empresarios amigos como Galperín o el pago de la deuda al FMI, sino los ingresos miserables que debería recibir uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que, además, tiene como principal destino el consumo interno y por consiguiente, moviliza la producción y el comercio nacional.

Es importante destacar que esta decisión no es casual o de coyuntura política, sino que responde a uno de los pilares ideológicos fundamentales que sostiene la verdadera casta de ricos y patrones que está en el poder. Para este sector, los jubilados son solamente un gasto y como tal, deben ser “recortados”. Para el capital, lo que no produce no sirve y es por eso que pretenden elevar la edad jubilatoria. A su vez, quienes no tuvieron la posibilidad de aportar a lo largo de su actividad laboral, tampoco merecerían percibir una jubilación. Así, invierten la carga culpabilizando a los trabajadores y trabajadoras, cuando la responsabilidad de realizar los aportes jubilatorios corresponde a los patrones, quienes en realidad prefirieron mantenerlos en la informalidad laboral y apropiarse de sus aportes.

La casta de los diputados macristas y radicales comió asado con Milei para celebrar el ajuste, mientras los jubilados caceroleaban por no tener para comer. ¿Cuál es el costo político de estos sucesos? Claramente, la sociedad entendió que los jubilados y jubiladas están siendo carne de cañón de este ajuste. La escena se vuelve dantesca, mientras la dirigencia política espera con excesiva paciencia a que el Gobierno nacional “choque la calesita” como si no fuésemos millones de trabajadoras y trabajadores quienes estamos arriba de ella.